Superior Tribunal dejó firme la condena contra la ex ministra Cecilia Torres Otarola
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El máximo tribunal de la provincia rechazó los recursos de la defensa y confirmó la sentencia de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se ratificaron los delitos de fraude al Estado y exacciones ilegales en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ) dictó una resolución clave en materia de transparencia institucional al declarar improcedentes los recursos extraordinarios presentados por las defensas de la exministra y exdiputada provincial, Cecilia Torres Otarola, dejando firme su condena por corrupción y fraude a la administración pública.
El fallo ratificó en todos sus términos la sentencia dictada originalmente el 12 de junio de 2025 por la Cámara en lo Penal de Trelew. De esta manera, Torres Otarola recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
La resolución del alto tribunal llevó la firma de los ministros Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidan (presidente del acuerdo), Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto al juez de Cámara Martín Roberto Montenovo.
Los hechos: “Caja política” y sueldos para el entorno privado
La investigación, que estuvo liderada por el fiscal general Omar Rodríguez —actual titular de la Fiscalía de Trelew—, acreditó dos mecánicas delictivas implementadas por la exfuncionaria durante su paso por la Legislatura y, posteriormente, al frente del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia:
Concusión (“Retornos”): Durante su mandato como diputada provincial, Torres Otarola exigió de manera abusiva y unilateral a sus asesores legislativos la entrega de aproximadamente el 50% de sus haberes. Estos fondos eran recaudados por una intermediaria y transferidos directamente a las cuentas de la entonces legisladora bajo el concepto de “caja política”.
Fraude a la administración pública: En su etapa como ministra, designó en cargos de directores generales a personas de su entorno cercano (Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles), todos con domicilio en Buenos Aires, quienes percibieron salarios estatales sin haber prestado servicios un solo día. Para estas tres personas, el STJ también confirmó la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
La palabra del denunciante: “Le pagábamos la niñera y el jardinero con plata del Estado”
Tras conocerse el dictamen judicial, FM DEL LAGO dialogó con el contador Martín Sandoval, ex subsecretario de Desarrollo Social de la provincia, quien en su carácter de funcionario público detectó las maniobras y radicó la denuncia penal correspondiente.
“Celebro que el Superior Tribunal haya confirmado esta condena. A veces la justicia es vapuleada, pero en este caso hay una luz de esperanza. Quedó comprobado por primera vez en un caso de corrupción en la provincia el delito de concusión, cuando un funcionario abusa de su cargo y exige a otro dinero para una caja política”, afirmó Martín Sandoval, contador y denunciante de la causa.
Sandoval recordó que el origen del reclamo penal surgió durante la pandemia, cuando en su rol jerárquico dentro del ministerio se negó a convalidar una serie de expedientes irregulares: “Me negué a firmar unas compras con sobreprecios y ahí inicié el reclamo. Luego detectamos al personal que cobraba sin vivir en Chubut”.
El ex subsecretario aportó detalles gráficos sobre el destino de las contrataciones ficticias que originaron la causa denominada “Ñoquis Calientes”: “Había familiares de ella que tenían rango de subsecretarios en los papeles pero la función real era de niñera; es decir, le pagábamos la niñera a Torres Otarola y el jardinero a sus allegados con fondos públicos”.
Finalmente, el denunciante reflexionó sobre el impacto social de los delitos económicos en el sector público: “Es triste lo que venimos pasando en la provincia con los hechos de corrupción. Ver que un funcionario se enriquece implica que ese dinero, que es de todos los contribuyentes, no vaya a donde se necesita: se podría haber hecho un hospital o una escuela”, concluyó.
