“Se desmadró con la pandemia y hoy es una vía para el delito”
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En una jornada clave para la seguridad pública de la provincia, la Legislatura del Chubut inició este lunesel tratamiento del Proyecto de Ley Nº 17/26. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, apunta a un objetivo concreto: prohibir el uso de teléfonos móviles y dispositivos tecnológicos a los internos alojados en establecimientos penitenciarios y comisarías de todo el territorio provincial.
La reunión informativa, que reunió a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, contó con la participación de fiscales, jefes de alcaidías y representantes del área penitenciaria, quienes expusieron la urgencia de regular un sistema que, según denuncian, ha facilitado la comisión de delitos desde el encierro.
El diagnóstico del Comisario Araujo: “Casi 200 teléfonos en dos años”
Uno de los testimonios más contundentes fue el del Comisario Mayor Gabriel Araujo, Jefe del Área Penitenciaria Provincial. En diálogo con FM DEL LAGO, el funcionario fundamentó la necesidad de esta ley basándose en la experiencia operativa y el fracaso de las medidas excepcionales tomadas durante la crisis sanitaria del 2020.
“En 2020, cuando se declaró la pandemia, se dispuso por resolución judicial facilitar la utilización de móviles ante la suspensión de las salidas transitorias. A partir de ahí, el ingreso de celulares se empezó a desregular y se desmadró”, sentenció Araujo.
El jefe policial reveló cifras alarmantes sobre la cantidad de dispositivos que circulan en la clandestinidad dentro de los penales:
• Incautaciones: “Entre el 2024 y el 2026 hicimos requisas en la cárcel de Ruta 3 y secuestramos casi 200 teléfonos celulares no registrados”.
• Ingreso creativo: Araujo detalló que los dispositivos entran de las formas más insólitas: “Días atrás encontramos teléfonos escondidos en tappers de comida y hasta en partes íntimas”.
El objetivo: Frenar la sextorsión y las estafas
Para el Ministerio Público Fiscal y la cúpula policial, el uso de celulares no regulados es la herramienta principal para el crimen organizado y las estafas virtuales.
“Tenemos registros de sextorsión y estafas que se han producido desde establecimientos carcelarios; hay modus operandi claros en redes sociales”, explicó el Comisario Araujo. “Con todo esto se quiere evitar y disminuir estos delitos, siempre garantizando la comunicación del interno pero de forma regulada por la autoridad”.
Seguridad Pública y futuro carcelario
Araujo fue enfático al definir el proyecto de ley no solo como una norma de convivencia interna, sino como una herramienta de protección para el ciudadano común.
“Este proyecto fue impulsado por el gobernador y lo vemos muy positivo. Esta ley va a regular y restringir; será una garantía para el ciudadano y una ley de seguridad pública”, afirmó.
Asimismo, ante la consulta sobre la situación en la región cordillerana, el Comisario adelantó planes de expansión:
“Está proyectada una ampliación de la unidad carcelaria en la cordillera, con la idea de generar un espacio más acorde para los internos condenados o procesados”.
Próximos pasos
El debate continuará durante el mes de abril con nuevas reuniones informativas. El proyecto de ley busca dar un marco legal definitivo que derogue las flexibilizaciones de la era de la pandemia, devolviendo a la autoridad penitenciaria el control total sobre las comunicaciones en los centros de detención.
