Rescate de vecino de Trevelin: “Hay que empezar a legislar”
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El Subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, destacó el despliegue de 80 personas para hallar al vecino que se había extraviado en la zona de Las Torres. Sin embargo, abrió el debate sobre la responsabilidad civil y el gasto público en emergencias evitables.
El operativo de búsqueda y rescate de Damián Vande Linde, el excursionista que permaneció desaparecido durante dos días tras salir de caminata hacia Laguna El Toro y Laguna La Escondida, concluyó con éxito, pero dejó una fuerte advertencia oficial. Eduardo Pérez, titular de Protección Ciudadana, brindó detalles de la movilización y fue tajante sobre la necesidad de regular estos incidentes por vía legislativa.
El Operativo: 48 horas de rastrillaje
Según explicó el funcionario, la alerta se activó de manera inmediata tras la denuncia de la esposa de Vande Linde en la comisaría local. El hombre, que posee experiencia en montaña, se había internado solo en un sector que cuenta con dos accesos principales: Las Torres (campo de Masardi) y Cascada Los Tambores.
“Vande Linde no es un improvisado, está acostumbrado a subir a estos sectores. Según su relato, encontró un sendero que está abriendo personal del INTA hacia el nacimiento del Arroyo Blanco; en un momento el camino se cortó y tuvo dificultades para regresar”, detalló Pérez.
El rescate fue posible gracias a una combinación de factores: El excursionista logró contactar a su familia al hallar una zona con poca señal, se utilizaron aviones pilotados por “Queque” Parodi y drones operados por Gery Green y Braig para guiar al hombre hacia una huella segura.
En cuanto al recurso humano, trabajaron unas 80 personas trabajaron durante las dos jornadas de rastrillaje.
“Hay que empezar a legislar”: El debate por los costos
A pesar del desenlace positivo, el Subsecretario de Protección Ciudadana puso el foco en el impacto económico que estos operativos representan para el erario público. Pérez confirmó que se encuentran realizando un balance de gastos junto a la administración de Parques Nacionales.
“Esto lo pagamos todos los ciudadanos”, sentenció el funcionario. “Estamos haciendo los números para ver cuánto salió el movimiento de 80 personas, combustible y raciones. Es necesario que la gente tome conciencia a la hora de salir; queremos que lo hagan con equipo de comunicación y los recursos adecuados”.
La propuesta de cobro por rescate
Pérez destacó que, si bien colaboradores privados como Parodi y los operadores de drones no cobran por sus servicios, el desgaste estatal es significativo. La intención del Ejecutivo es impulsar una normativa que permita arancelar los rescates en casos de negligencia o falta de registro previo.
• Sin registro: El funcionario subrayó que el problema radica en quienes “salen y no se registran en ningún lado”.
• Responsabilidad individual: “La única manera es que nos toquen el bolsillo. Esto no es culpa del Estado; el Estado tiene que salir a apagar un incendio, pero para estas cuestiones hay que empezar a legislar”, concluyó.
Con este antecedente, se espera que el debate llegue a los ámbitos legislativos para definir protocolos que obliguen a los excursionistas a cumplir con requisitos mínimos de seguridad o, en su defecto, afrontar los costos de su propia asistencia.







