“Desprolijidad administrativa, no estafa”
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En una resolución que marca el cierre de una investigación de alto perfil, el Ministerio Público Fiscal de Esquel solicitó, y el juez de la causa concedió, el sobreseimiento definitivo de Rodrigo Roveta, ex secretario de Bosques de Chubut, y de Carlos Damiano. La justicia determinó que los hechos investigados, inicialmente denunciados como una presunta estafa al Estado, corresponden a desprolijidades administrativas y no a conductas criminales.
La decisión, impulsada por la fiscal jefa María Bottini y el procurador Ismael Cerda, se fundamentó en el principio de objetividad tras analizar nuevas evidencias y testimonios clave que dieron un giro de 180 grados a la hipótesis inicial.
El “Proyecto de Biomasa”: La evidencia del trabajo realizado
La investigación se originó a partir de denuncias gremiales que señalaban a Damiano como un presunto “ñoqui”, dado que figuraba como Director de Programas y Proyectos —cargo que exige presencialidad— pero no era visto en las oficinas de la Secretaría de Bosques.
Sin embargo, la fiscalía pudo constatar durante la etapa preparatoria que Damiano efectivamente prestaba servicios para la Provincia. Se acreditó su participación activa en un proyecto estratégico de biomasa, respaldado por registros de reuniones y testimonios de ingenieros y funcionarios que validaron sus tareas técnicas.
El testimonio clave de Mariano Arcioni
Un elemento determinante para descartar el dolo (la intención de engañar) fue la declaración del exgobernador Mariano Arcioni. Según se ventiló en la audiencia, el exmandatario confirmó que:
• Tenía conocimiento directo del trabajo de Damiano y lo consideraba vital para la gestión.
• Damiano había manifestado su imposibilidad de cumplir con la asistencia diaria por motivos personales y llegó a ofrecer su renuncia.
• Fue el propio Ejecutivo quien le solicitó continuar, con la promesa de regularizar su situación formal bajo la categoría de “Asesor de Gabinete”, un rol que no requiere presencialidad estricta pero que, debido a la burocracia estatal, nunca se terminó de formalizar.
“Desprolijidad administrativa, no estafa”
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que, si bien existió un desfase entre el cargo formal y la tarea realizada, esto se debió a la ineficiencia administrativa y no a un plan para defraudar al erario público. “No se puede sostener el dolo cuando el propio imputado solicitó activamente regularizar su situación”, señalaron las autoridades judiciales.
La Dra. Cecilia Bagnatto, procuradora de la fiscalía, se refirió al fallo señalando los límites del derecho penal:
“Para que haya delito, se deben probar elementos específicos. En este caso, se probó que Damiano cumplía una función asignada. El caso penal se cae; podrá haber una infracción administrativa, pero no un delito”.
Resolución del Juez
El magistrado a cargo de la causa coincidió con el planteo fiscal y destacó la honestidad procesal del Ministerio Público al reconocer que, tras agotar la investigación, los hechos no encuadraban en una figura penal. Con este fallo, tanto Roveta como Damiano quedan desvinculados totalmente del proceso, reafirmando que las irregularidades en la carga de funciones no siempre constituyen una estafa criminal si el trabajo efectivamente se realizó.
