Condenan al Municipio de Corcovado a una obra millonaria y el Ejecutivo denuncia irregularidades
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Una obra menor de adoquinado derivó en un fallo judicial que obliga al Municipio de Corcovado a ejecutar trabajos valuados en más de $ 450 millones. Desde la Comuna, encabezada por el intendente Ariel Molina, tildaron la medida de arbitraria, cuestionaron duramente a la Justicia de Esquel y pusieron bajo la lupa la actuación del perito oficial y de los magistrados intervinientes.
De una mejora urbana a un litigio millonario
El conflicto judicial se originó a partir de una obra de adoquinado ejecutada en la localidad. El propietario de un terreno lindante —identificado como Santulio Pedraza—, que ya sufría problemas históricos de inundación, responsabilizó a la Comuna por anegar su propiedad.
Sin embargo, los antecedentes ventilados por la asesoría legal del municipio, integrada por los abogados Crhistian Pasquini y Rafael Crea, revelan un escenario radicalmente distinto, el terreno naturalmente es inundable, la Comuna sostiene que se trata de un predio que ya presentaba anegamientos hace décadas, existiendo registros escritos de 25 años atrás donde se advertía de esta condición al beneficiario.
Además hay una construcción clandestina y bajo cota, el propietario edificó una parte de su propiedad por debajo de la línea municipal exigida y sin contar con los permisos de obra correspondientes.
El municipio remarcó que las construcciones linderas respetaron los niveles y no sufren inconvenientes, evidenciando que el problema radica exclusivamente en las deficiencias constructivas del inmueble afectado.
“Una sentencia fuera de lugar”: El descargo del intendente Ariel Molina
En declaraciones a FM DEL LAGO, el intendente Ariel Molina expresó su absoluta indignación con el fallo emitido por la jueza Arbilla, asegurando que la medida afectará severamente las arcas municipales y el bolsillo de todos los vecinos.
“Hace 25 años el municipio le cede un terreno a este vecino advirtiéndole que se inundaba y que debía levantarlo si quería edificar. Su casa particular la levantó, pero en la otra mitad dejó el terreno por debajo del nivel de la calle, sin permiso previo, y ahora nos echa la culpa”, cuestionó el mandatario.
Molina detalló que la gestión actual ya invirtió $ 13 millones en desagües y la apertura de calles, pero el peritaje oficial impone una megaobra superior a los $ 450 millones. “La jueza nunca se acercó a Corcovado a constatar el lugar, ni tampoco lo hizo la Cámara que revisó la sentencia. Se basaron únicamente en un peritaje plagado de falencias”, sentenció.
Peritaje bajo la lupa y sospechas sobre la Justicia
El caso escaló a un plano de fuerte tensión institucional debido a las graves dudas planteadas sobre el peritaje oficial realizado por el técnico perito de apellido Macayo.
Un segundo peritaje de parte, de carácter estrictamente hídrico, desarmó las conclusiones del informe oficial al detectar vacíos científicos y errores técnicos inadmisibles.
Desde el municipio alertaron sobre supuestas relaciones políticas, partidarias y de militancia compartida entre el perito oficial y los actores involucrados, además de encuentros previos y registros de visitas al lugar supervisadas por el propio propietario.
El trasfondo económico: Los letrados comunales advirtieron que existe un interrogante inevitable respecto a cómo la magnitud económica de la obra influye directamente en el cálculo de los honorarios de los peritos y abogados intervinientes.
En la mira de la sociedad cordillerana
Con la presentación formal para solicitar la nulidad del fallo, el caso vuelve a colocar a la Justicia de Esquel en el centro de la polémica. Desde el Ejecutivo municipal cerraron filas advirtiendo que se pretende obligar a toda la comunidad a financiar una obra monumental para solucionar las consecuencias de una construcción antirreglamentaria.
