Conciliación obligatoria
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En la mañana de este lunes la Municipalidad de Esquel solicitó la conciliación obligatoria ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, delegación local, en el marco del conflicto que mantiene el personal municipal por reclamo salarial. A pedido del Intendente Sergio Ongarato, el Secretario de Gobierno Municipal, Omar Mohuanna, hizo la presentación correspondiente acompañado por el Secretario de Hacienda, Yago Beatove. La primera audiencia conciliatoria será el miércoles a las 10 horas.
Ongarato dijo que el objetivo es continuar con la negociación “llevándola por un lugar distinto al que hemos probado. El diálogo entre el SOEME y la Municipalidad fue imposible porque, los dirigentes del gremio te dicen algo en la reunión y después en la asamblea dicen otra”. A partir de ahora “vamos a sentarnos en otros términos a negociar. Esto es un adelantamiento de las paritarias por aumento salarial donde el Ejecutivo planteará lo que puede ofrecer. Nosotros siempre quisimos el diálogo, vamos a ver si con la intermediación de la Secretaría de Trabajo podemos lograr alguna resolución del conflicto”, indicó el mandatario municipal, agregando que la idea es llegar a un punto de encuentro sin condicionar la economía del Municipio.
Dijo que se trató de “un paro de tipo político en donde lo que se busca es el desgaste de la gestión”, porque “parecía que no buscaban llegar a una solución del problema”.
NORMALIZAR EL FUNCIONAMIENTO
Destacó el Intendente que durante los últimos días el Municipio “funcionó con menos de cien personas, logramos hacer un esquema de emergencia. Pero, tenemos que normalizar los servicios que brinda la Municipalidad y para eso es necesario que se levante el paro”.
En buenos términos “solicité que levanten el paro para continuar con la negociación, cosa a la que el gremio se negó rotundamente. El camino no va a ser sentarnos a dialogar con un paro y los bombos al lado del despacho del Intendente, por eso buscamos la intermediación de la Secretaría de Trabajo, para terminar con este conflicto y se entienda cuál es la real situación de la Municipalidad y hasta donde se puede llegar”.
El documento presentado por el Ejecutivo ante la Secretaría de Trabajo, solicitando la conciliación obligatoria, señala que las medidas de fuerza del SOEME y ZO comenzaron el 07/01/16 y se mantuvieron hasta este lunes pasado el mediodía. Con la firme intención de llegar a un arreglo que satisfaga a las partes, distintos funcionarios del Municipio mantuvieron varios encuentros con los representantes sindicales y elevaron diversas propuestas ofreciendo soluciones alternativas. Las mismas fueron rechazadas por los empleados municipales.
Por su parte el Municipio “rechaza la medida de retención de servicios por improcedente ya que en ningún momento ha incumplido lo dispuesto en el Contrato de Trabajo. En efecto, el compromiso cuyo cumplimiento reclama el SOEME y ZO tiene como único fundamento un punto del Acta adjunta de fecha 29/09/2015 que dice: El Departamento Ejecutivo se compromete a realizar las gestiones pertinentes a efectos de poder otorgar un bono a fin de año”.
EMERGENCIA ECONÓMICA PROVINCIAL
En el contexto de la Emergencia Económica Provincial, “ningún Municipio, ni mucho menos la Provincia, han otorgado bono de fin de año alguno como en otras oportunidades, de modo que la intención expresada en el acta de septiembre firmada con las autoridades salientes no puede ser el sustento para una retención de servicios como la que aplica el SOEME y ZO”.
Esta medida de retención de servicios, “configura a nuestro entender un paro encubierto y tal como lo sostiene la jurisprudencia: Si no se acreditara la legitimidad de los reclamos invocados por los trabajadores para retener sus tareas, resultaría que se habrían incumplido voluntaria e injustificadamente la obligación de poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador y estaría acreditado el requisito subjetivo para la configuración del abandono de trabajo (CNTrab. salaIX, 30/12/2013)”. La situación impidió “el normal funcionamiento de los servicios brindados por la Municipalidad a los ciudadanos de Esquel”.
SERVICIOS AFECTADOS
Uno de los servicios que se ha visto seriamente perjudicado por las medidas tomadas por el SOEME “es el destinado a otorgar y renovar las licencias de conducir. Por el perjuicio que trae a los contribuyentes no poder efectuar este trámite en tiempo y forma, ya que no sólo les impide realizar actividades personales (viajes, traslados familiares), sino otras vinculadas a cuestiones laborales”.
Otro servicio afectado es la recolección de residuos domiciliarios, “actividad fundamental que atañe directamente a la salud pública”. El Municipio trató de cumplir con esta tarea, “pero la misma no pudo desarrollarse con la normalidad requerida. Cualquier vía de acción paliativa intentada implica nuevas erogaciones que podrían aplicarse a otras necesidades”.
Otro servicio fundamental que ha sido seriamente vulnerado “debido a las amenazas a los trabajadores del área de recaudaciones, es el de percepción de los impuestos y tasas municipales, justamente en esta época del año en que se reciben los pagos anuales de los contribuyentes. El daño ocasionado al Municipio puede medirse objetivamente comparando los niveles de recaudación con el mismo período del año anterior”.
Se indica que la retención ha afectado también los servicios de información turística en plena temporada de verano y las tareas del Intendente Municipal que, “por 10 días tiene su despacho cercado en medio de ruidos provocados por bombos y bombas de estruendo que impiden la atención de variados asuntos de interés público. Las agresiones a los trabajadores que no adhieren a la medida han llegado al extremo de amenazas a personas con capacidades diferentes que se desempeñan en algunas áreas, lo que configura un extremo inaceptable e inadmisible del comportamiento del SOEME y ZO”.
Teniendo en cuenta esta situación de urgencia en la que se encuentran las prestaciones municipales, “así como la dificultad evidente para alcanzar un acuerdo, resulta imperioso convocar a una instancia de conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo, a fin de salvaguardar los derechos de todas las partes involucradas”.