Chubut busca prohibir celulares en las cárceles para desarticular las “oficinas del delito”

El Gobierno Provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para restringir el uso de dispositivos móviles en centros de detención. La diputada María Andrea Aguilera defendió la iniciativa asegurando que busca terminar con la “permisividad heredada de la pandemia” y proteger a las víctimas de estafas y extorsiones.

En una fuerte apuesta por la seguridad digital y penitenciaria, el Poder Ejecutivo de Chubut impulsa una normativa que prohíbe de manera absoluta el ingreso, tenencia y uso de teléfonos celulares en cárceles, alcaidías y comisarías de toda la provincia. El objetivo central es erradicar las llamadas “oficinas remotas” desde donde los reclusos coordinan estafas, secuestros virtuales y hasta fugas.

“Las cárceles no pueden ser una oficina del crimen”

En diálogo con FM DEL LAGO, la diputada provincial María Andrea Aguilera (autora del proyecto) fue tajante respecto a la situación actual: “Durante muchos años el Estado dejó un vacío que llenó el garantismo. Hoy las cárceles se transformaron en oficinas del delito. Quienes están detenidos, lejos de usar los móviles para hablar con sus familias, los usan para acoso, extorsión y estafas”.

La legisladora citó como ejemplo la reciente fuga de un preso en Trelew durante una salida al médico: “Ese raid fue coordinado desde adentro con un celular. El proyecto viene a corregir eso; no se trata de violar derechos, sino de proteger a las víctimas y terminar con la clandestinidad”.

Puntos clave de la Ley:

• Prohibición absoluta: Alcanza a equipos, terminales y chips en cualquier lugar de alojamiento (incluyendo comisarías e institutos penitenciarios).

• Comunicaciones controladas: Se garantiza el derecho a la comunicación mediante terminales institucionales fijas, solo para llamadas de voz y hacia números previamente autorizados. Sin acceso a internet ni redes sociales.

• Tecnología de bloqueo: Se faculta a la autoridad de aplicación a instalar inhibidores de señal o sistemas de gestión controlada.

• Sanciones y decomiso: Ante el hallazgo de un dispositivo, se procederá al decomiso inmediato y, si hay indicios de delito, intervendrá el Ministerio Público Fiscal.

El vicegobernador Gustavo Menna también respaldó la iniciativa, señalando que la flexibilización otorgada durante la emergencia sanitaria por COVID-19 ya no tiene razón de ser y que es imperativo volver a un esquema de funcionamiento normal.