“no solamente hubo sobreprecios, sino que en muchos casos hubo expedientes falsos, armaban expedientes apareciendo como que existía la compra de carne para Comodoro y no habían mandado absolutamente nada”

El fiscal Omar Rodríguez lleva adelante la investigación por la emergencia climática  que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia y  que tiene como imputada a la ex Ministra de Desarrollo Social Leticia Huichaqueo, como también otros funcionarios que trabajaban en esa cartera,  se denunciaron compras con sobreprecios para esa emergencia, en contacto con FM DEL LAGO, el fiscal Rodríguez manifestó “técnicamente no hay que hablar de prescripción sino una cuestión de plazos razonables que están en el código y que establece dos plazos, uno indica que en tres años hay que resolver la situación de esa persona y el otro es cuando el número de personas imputadas sea numeroso, cuando haya complejidad, cuando haya asociaciones ilícitas que en ese caso tiene un plazo de  años”.

El fiscal Rodríguez dio detalles de la causa que espera la confirmación de la ampliación de los plazos procesales, “cuando arrancamos la apertura de la causa en junio del 2018, nosotros optamos por ir por el plazo ordinario de tres años para no tener tanto tiempo a la persona en incertidumbre, pero las características del caso ameritaban una causa compleja, ocurrió que el año pasado el juicio era en marzo y apareció la pandemia, el juicio no se pudo hacer de manera presencial, este año volvió a suceder lo mismo en abril, nos sentamos y los defensores dijeron que no se podía hacer un juicio de estas características porque el protocolo prohibía el juicio con más de 10 personas, el tribunal dijo vamos a distribuir la gente y lo siguieron por vía web y así se pudo hacer la audiencia, esto fue ajeno a los operadores judiciales, la oficina judicial nunca pudo fijar un juicio de eta s características, ellos alegan que el plazo razonable era de tres años, citan el caso Revelación que se hizo esta año, ese juicio se hizo a puertas abiertas, en invierno no se puede hacer eso, necesariamente este caso tiene que ser reconvertido en caso complejo, el artículo no habla que es abarcativo en la etapa de investigación, sino la tramitación del juicio hay que mirarla de manera completa, supongamos que en el debate suceda algo, es un disparate que este caso termine con un sobreseimiento por vencimiento de plazos razonables, acá no solo el imputado tiene derechos, sino la sociedad que tiene derecho a saber que paso” manifestó.

Sobre la audiencia de ayer, el fiscal confirmó “la defensa ya pidió el sobreseimiento de algunos imputados en la audiencia de ayer, es decir por vencimiento de plazos, ellos se agravian de este cambio en cuanto a los plazos porque entienden que agravia la garantía del debido proceso en el juicio, yo entiendo que no porque el plazo es razonable por las características del juicio, esto lo debe resolver el tribunal que ya está interviniendo, ellos anunciaron que mañana va a estar la resolución y nos van a notificar, está la otra posibilidad de la ley que aprobaron los diputados provinciales que prorroga por el término de 6 meses el artículo 146 que tiene que ver con el plazo ordinario razonable, nosotros no entramos todavía en esa situación porque es más razonable  el artículo 157 por lo complejo del proceso”.

Respecto al delito que se imputa a ex funcionarios, Rodríguez comentó “no solamente hubo sobreprecios, sino que en muchos casos hubo expedientes falsos, armaban expedientes apareciendo como que existía la compra de carne para Comodoro y no habían mandado absolutamente nada, nosotros dimos con las personas que eran proveedores y les pedimos que nos digan la verdad, nos contaron quienes eran los funcionarios que los fueron a ver, cuánta plata le pidieron, como armaron el expediente para mandar carne a Comodoro y no compraron ni un kilo de carne picada, otro era el caso de camones que vendían de Córdoba con muchísimos metros de leña que supuestamente iban a Comodoro y nos encontramos que las dos firmas donde aparecen proveedores comprado leña no existen, eran facturas truchas, eran unos cuantos millones que han quedado desfasados con el tiempo, el máximo de pena para estos casos es de 6 años y el mínimo es de 2, en el momento de pedir pena hay que juzgar con reproches concretos que tienen que ver con las circunstancias, no se cometió un fraude en circunstancias normales, sino en una emergencia, mientras pasada eso algunos funcionarios decían que trabajan de sol a sol y firmaban expedientes falsos”.