“No hubo intencionalidad de perjudicar al estado pero si hubo desidía y negligencia”

La fiscalía avanzo en la denuncia presentada por concejales de la oposición de Esquel que denunciaron el pago de un alquiler por 3 millones de pesos, alquiler que jamás de utilizó, la comisión investigadora  no termino en nada y la justicia hizo su tarea, en el proceso citaron a declarar al ex Secretario de Obras Publicas Alejandro Wengier y al Ex Secretario de Hacienda Matías Taccetta, ayer la fiscalía notifico a los involucrados y confirmo que hubo desidia y negligencia  por parte del intendente Sergio Ongarato y el asesor legal Mauro Llampa, pero no hubo delito, en comunicación con FM DEL LAGO, la fiscal María Bottini en exclusiva dio detalles del resultado de la investigación y remarco “hoy a la mañana notificamos, fueron 4 meses de investigación con documentación a analizar finamente porque era una cuestión muy delicada, teníamos que dilucidar si esto era o no un delito y ver si pasaba a otra instancia judicial, después de analizar con perito contables, entendemos que hay conductas reprochables que son del intendente Ongarato por firmar el contrato y el acta acuerdo a fines del año pasado y el abogado Mauro Llampa, porque cuando el contador Tacceta le indica que había que  bajar el contrato y estos tardaron 7 meses, eso lo pidió el contador Tacceta y pedimos a asesoría legal y Shampa manifiesta que el atraso era por la pandemia lo cual hay cierta negligencia del abogado, porque los funcionarios en el ASPO siempre podían efectuar sus actividades, ese era el argumento que envió la asesora legal, otro punto a investigar era el acta acuerdo que si bien se pagó menos, fueron cerca de tres millones, logran pagar menos de lo que pretendía la firma, hay una cláusula que tanto la contadora como mi equipo no pudimos dilucidar a que refreía esta cláusula y nos responden que era parte de la negociación, se paga un dinero y se genera un perjuicio económico al erario público, pero entendemos que los delitos sea con intencionalidad directa al erario público, para la fiscalía no pudimos acreditar que haya habido una intencionalidad directa de defraudar al erario público”.

“el tema de que podría haber una cuestión con el dueño del local no surge de la causa, el precio del alquiler era precio de mercado, no había ningún sobreprecio en el alquiler, Ongarato menciona que pagó menos, es un descargo fuerte para dar cuenta que no tuvo una intención directa y eso está fuera de nuestras competencias, de esta resolución estamos mandando copia al tribunal de cuentas y a la fiscalía para que vean por los perjuicios al erario público, hay otros mecanismos para poder afrontar este problema, no vemos dolo, si probablemente negligencia y desidia cuando el dinero no es propio, pero para una intervención penal se requiere mucho más que eso”, expresó la funcionaria que investigó el tema.

La fiscal Bottini confirmó que esto se trató de negligencia y desidia por parte del intendente y su asesor legal, pero acá no hay delito, “son responsabilidades que no podemos analizar en nuestra competencia por eso remitimos a otros organismos como la fiscalía de estado y al tribunal de cuentas, los concejales pueden recurrir esta decisión, hay un artículo del CP y el trámite va al juez penal y en este caso va al procurador general, los concejales pueden pedir una revisión y lo ve el juez de garantías, puede ir al procurador general y el ve si esto va a otra instancia, los delitos de funcionarios públicos no prescriben hasta que el funcionario no termina su mandato, ahora estamos notificando a asesoría legal”, confirmó a través del diálogo con Viva La Radio.