“El problema es que se lo quiere identificar a él y hacerle pagar por todo lo demás”

En el marco del juicio que enfrenta Cruz Cárdenas y su ex esposa, Belén Salinas, por la presunta usurpación de tierras en el Parque Nacional Los Alerces, la defensa, representada por el Dr. Gustavo Franquet, habló con FM DEL LAGO y afirmó que el problema de fondo es la criminalización de un reclamo territorial. Franquet, miembro de la Asociación Gremial de Abogados, sostiene que la acusación penal es un desvío del camino que el Estado debería seguir para resolver este tipo de conflictos.

Franquet explicó que el juicio, que estaba previsto que terminara la semana pasada, fue pospuesto para el próximo lunes para dar tiempo a los alegatos finales. El letrado, que ha defendido a otros líderes mapuches como Facundo Jones Huala, se refirió al caso de Cárdenas y Salinas como una reivindicación territorial. “Ellos asumieron su identidad como miembros del pueblo mapuche y decidieron reivindicar un sector para constituir una comunidad”, señaló.

El problema de fondo: la falta de una vía legal

El abogado argumentó que el conflicto surge de la incapacidad del Estado argentino para cumplir con los tratados internacionales que regulan la relación con los pueblos originarios. Según Franquet, estos tratados exigen al Estado reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión comunitaria de las tierras que ocuparon tradicionalmente.

“La fiscalía cuestiona el derecho”, dijo Franquet, criticando la acusación de que Cárdenas y Salinas no tienen una relación tradicional con el territorio. Además, el defensor señaló que el Estado se ha olvidado de que la Constitución también exige la entrega de “otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano” a quienes fueron desplazados.
Franquet enfatizó que la vía penal, en este caso, es un error. “El estado no puede ser parte y juez”, afirmó, y cuestionó la validez de la Ley de Parques Nacionales, a la que calificó de “un bando militar firmado por Videla y Martínez de Hoz”. Según la defensa, el Estado debería buscar “medidas racionales y jurídicas” para resolver el problema, no criminalizar a los miembros de la comunidad.

Acusaciones sin pruebas

Respecto a los delitos de atentado a la autoridad y daños agravados, Franquet sostuvo que el fiscal “no los pudo probar”. El abogado señaló que Cárdenas y Salinas fueron los únicos pobladores de la zona reconocidos, y que la acusación los responsabiliza por actos que podrían haber sido cometidos por otras personas.

“El problema es que se lo quiere identificar a él y hacerle pagar por todo lo demás”, concluyó el letrado, insistiendo en que el camino fue el de la criminalización desde el principio, en lugar de recurrir a la vía civil, donde ambas partes podrían haber demostrado sus derechos sobre el territorio.