El atraso en la emisión del bono para proveedores complica a las pymes

Se arrastran deudas del año 2015. También están venciendo los certificados de obra y de servicios presentados ante el Banco que se entregan a las empresas, que no sólo no cobran por las tareas realizadas, sino que deben afrontar altos intereses y punitorios por los incumplimientos del Estado Provincial.

Diferentes empresas de servicios y vinculadas a la construcción nucleadas en la Federación Empresaria del Chubut (FECh) mostraron su preocupación ante los atrasos del Gobierno en la emisión del bono para el pago a proveedores. Dicha situación está generando graves problemas financieros en varias de las empresas, muchas de las cuales reciben certificados de obra o servicios que vencen por falta de pago del Estado Provincial.

Casi dos meses atrás el equipo de Economía había recibido a las cámaras y se había comprometido a en un plazo de 40 días realizar la emisión de los títulos públicos para comenzar a saldar deuda que viene acumulada desde hace tres años atrás. Sin embargo no ha habido ningún tipo de avance, ni tampoco se trabajó en la estructuración para contar con la autorización y hacer la colocación en el mercado.

Este panorama se ve hoy agravado a partir de certificados para el cobro que se entregan a las empresas de servicio como pagaré. Los mismos son tramitados para su pago a través del Banco del Chubut, que oficia como prestamista, hasta que se salde lo adeudado. Pero ante el vencimiento de los plazos y la falta de pago por parte del Estado Provincial de los trabajos realizados por el privado, desde el Banco no sólo se descuenta el dinero otorgado a las empresas, sino que además se le cobran los intereses al vencer los 180 días estipulados para cancelar el préstamo.

“Los acreedores del Estado están a su buena suerte. Están llevando a las empresas de esta provincia al abismo. No sólo no se pueden cobrar los servicios prestados, sino que además se tienen que afrontar intereses faraónicos, además de los punitorios de los cuales también se deben hacer cargo las empresas, cuando el que está en falta es el Gobierno. Es una situación insostenible”, aseguraron desde la Federación Empresaria.

A modo de ejemplo, frente a la falta de pago, cada $ 500.000 que están atrasados en su pago por parte del Gobierno, el Banco le termina cobrando $ 100.000 de interés al privado, que es quien cumple el rol de garante que la suma prestada sea cancelada. “Es un mecanismo a través del cual se termina financiando al Estado y perjudicando a las empresas, que no cobran por el trabajo realizado, y además son penalizados porque salen como garantes de lo que el Gobierno no termina pagando”.

Frente a dicha situación, las firmas tienen que operar en reiteradas ocasiones bajo descubierto para cumplir con las obligaciones, lo que también conlleva tasas elevadísimas de parte de las entidades financieras.

“Actualmente desde el Estado se está buscando solucionar los problemas en los cumplimientos con el sector público, pero en nada se está cumpliendo con el sector privado, que está haciendo esfuerzos denodados para mantener la actividad y los puestos de empleo. Y en esa tarea nos encontramos solos”.