Condenaron al ex titular de ATECH Esteban Murphy por daños en edificios públicos
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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut ratificó por unanimidad la condena contra Daniel Esteban Murphy a raíz de los destrozos ocasionados en el complejo gubernamental donde funcionan el Ministerio de Economía y Crédito Público, el Ministerio de Infraestructura, Planificación y Energía y la Fiscalía de Estado, durante una protesta desarrollada en Rawson.
El máximo tribunal rechazó el recurso de impugnación extraordinaria interpuesto por el defensor particular Juan Salgado y confirmó de este modo la sentencia dictada previamente por la Cámara en lo Penal de Trelew. La investigación y el sostenimiento de la acusación en todas las instancias estuvieron a cargo de la fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), Florencia Gómez.
Las tres instancias judiciales concluyeron que el inmueble afectado constituye un bien de uso público —al albergar organismos a los que la ciudadanía acude para realizar trámites—, ratificando la aplicación del artículo 184, inciso 5, del Código Penal por daño agravado sobre un bien de uso público. La resolución del STJ llevó la firma del presidente del cuerpo, Javier Gastón Raidán, los ministros Mario Luis Vivas, Camila Lucía Banfi Saavedra, Silvia Alejandra Bustos, Ricardo Alberto Napolitani, y el juez de cámara Diego Ariel Trad, quienes además impusieron las costas a la defensa.
La palabra de la fiscal Florencia Gómez: “El derecho a protestar no te habilita a cometer un delito”
Tras conocerse el fallo unánime, la fiscal Florencia Gómez se refirió a la resolución en diálogo con FM DEL LAGO y cuestionó los argumentos defensivos que intentan encuadrar el accionar bajo la figura de la criminalización de la protesta.
“Este intento de hablar de criminalización de la protesta gremial ya lo venía escuchando… El derecho que tenemos todos a protestar no te habilita a cometer un delito. Puedo ir a protestar pacíficamente, lo que no puedo es ir bajo el manto de protesta social a cometer delitos”, expresó Gómez.
En esa línea, detalló que la autoría se encontraba fehacientemente acreditada mediante registros fílmicos donde se observa a Murphy rompiendo la puerta del edificio estatal. Asimismo, aclaró que la calificación legal respondió a la afectación de un bien pagado por todos los contribuyentes, diferenciándolo de un daño simple particular, y recordó que sobre el dirigente pesaba una pena de un año y medio de ejecución condicional, constituyendo un antecedente condenatorio.
La fiscal hizo hincapié en la responsabilidad que implicaba su rol como referente gremial: “Es una persona que tiene que tener un comportamiento determinado porque era un líder sindical; eso te convierte en referente para un montón de personas, él no era un ciudadano común, sino que tiene una investidura”.
Finalmente, ante los cuestionamientos hacia su labor y los paralelismos con causas complejas previas —como el caso de Santiago Goodman y los incendios en Rawson—, Gómez defendió su desempeño institucional: “Yo tengo un rol y lo cumplo, esta persona cometió un delito, lo llevé a juicio y se lo condenó… Yo cumplo mi rol”. Por último, consultada sobre las recientes denuncias por presiones institucionales, respaldó públicamente a la fiscal María Fernanda Bottini, señalando que los fiscales no pueden trabajar bajo amenazas ni presiones.
