Comisión Revisora de Cuentas de la Seccional Esquel expuso presuntas irregularidades administrativas por una suma superior a los 21 millones de pesos

El Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SITRAVICH) en el ojo de la tormenta, luego de que la Comisión Revisora de Cuentas de la Seccional Esquel expusiera presuntas irregularidades administrativas por una suma superior a los 21 millones de pesos.

El conflicto se desató tras una serie de auditorías internas impulsadas a raíz de reclamos de los propios afiliados, quienes advirtieron sobre maniobras financieras irregulares, descontrol en la documentación respaldatoria y amenazas contra los veedores gremiales.

El inicio de la investigación y derivaciones a cuentas personales

La situación salió a la luz cuando afiliados denunciaron en asamblea que el tradicional quincho del sindicato estaba siendo alquilado y que los pagos por su uso no ingresaban a las cuentas de la seccional Esquel, sino a una cuenta bancaria particular perteneciente al secretario adjunto del gremio.

Ante esta situación, el revisor de cuentas de la seccional, Jairo Utrera —quien asumió funciones en abril de 2025— junto a sus compañeros, se presentaron en la sede gremial para constatar los hechos.

Lejos de negar la maniobra, la cúpula directiva local firmó una nota aclaratoria reconociendo la operatoria. En el escrito, firmado por el secretario de la seccional Pablo Hurtado, la tesorera Karen Willhuber y el propio Pascoff, justificaron que las cuentas bancarias oficiales habrían estado supuestamente bloqueadas y que operaban de esa manera “por costumbre”. Sin embargo, desde la comisión revisora comprobaron que las cuentas del gremio operaban con total normalidad durante ese período, sin que los directivos pudieran certificar el bloqueo bancario invocado.

Facturas dudosas, sobreprecios y 21 millones en “mantecol y vinos”

El aspecto más grave del informe recae sobre un paquete de gastos por más de 20 millones de pesos en compras varias, centralizadas en un único comercio local y respaldadas por facturas manuales en talonarios vencidos desde hacía siete meses.

Según detalló Utrera, al exigir el desglose de los fondos, la respuesta recibida a los tres días fue improvisada y poco transparente: “Estaban desglosados con lápiz negro, no detallaba qué se compró, sino para qué se había usado”. Entre los comprobantes figuraban conceptos genéricos como “varios” por 3 millones de pesos destinados supuestamente a la fiesta del Día del Camino.

La auditoría fina de los tickets encendió todas las alarmas al detectarse sobreprecios y compras insólitas para un sindicato. Entre los comprobantes se destacaba la adquisición masiva de mantecol y cajas de vino por un valor total de 2,7 millones de pesos, cuando al relevar los precios en el comercio de origen el monto real ascendía a 1,7 millones. Desde la conducción intentaron justificar posteriormente que dichos productos habrían sido destinados a cajas navideñas, argumento que no disipó las dudas sobre la veracidad de los comprobantes.

Violencia y amenazas a los revisores de cuentas

El intento de ejercer control institucional derivó en agresiones verbales e intimidaciones hacia el revisor de cuentas. De acuerdo con el testimonio de Utrera, durante una de las revisiones, el secretario Pablo Hurtado lo invitó a salir a la calle bajo el argumento de tener “problemas personales”, mientras que la tesorera Karen Willhuber se despojó de su campera y lo desafió a pelear físicamente frente al resto de la comisión.

Ante este panorama de hostigamiento, Utrera radicó una exposición en la fiscalía local para poner en resguardo su integridad física. No obstante, desde el organismo judicial se le indicó que la controversia debía encauzarse inicialmente por la vía estatutaria interna. Cabe destacar que Willhuber intentó desligarse de las responsabilidades aduciendo que se encontraba con carpeta médica, aunque continúa formalmente en su cargo junto a Hurtado y Pascoff.

Intervención provincial y reclamo de los afiliados

Ante la gravedad institucional, la Comisión Revisora de Cuentas rechazó formalmente los balances y dio intervención directa a la Comisión Directiva Central en Rawson, para que evalúe la situación bajo los términos del estatuto gremial y determine las acciones legales y disciplinarias correspondientes.

La base de trabajadores viales exige respuestas claras, un desglose transparente de los fondos ejecutados y la rendición de cuentas de una administración que, lejos de velar por el patrimonio sindical, hoy se encuentra bajo la lupa de la justicia y la propia organización gremial.