A partir del próximo 10 de agosto, la Legislatura de Chubut pondrá en marcha una ronda de reuniones informativas para analizar el proyecto de Código General de Procesos No Penales, una normativa que busca cumplir con un mandato constitucional pendiente desde 1994. El proceso legislativo llega precedido por cruces políticos y serias críticas desde el ámbito de la abogacía matriculada.
Para ultimar los detalles de la organización, el vicegobernador y presidente de la Cámara, Gustavo Menna, mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la diputada María Andrea Aguilera, la secretaria Legislativa, Ligia Morell, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Andrés Giacomone.
Desde la conducción parlamentaria indicaron que se cursaron invitaciones a medio centenar de organizaciones y especialistas, y recordaron que permanece habilitado un espacio de participación en la web oficial de la Legislatura para consultar el texto completo del proyecto.
Duras críticas de la abogacía: “Un código oscuro y autoritario”
Pese a la apertura de las reuniones informativas, el proyecto cosechó rechazos categóricos. En declaraciones a FM DEL LAGO, el ex juez de Familia Dr. Martín Alessi cuestionó con dureza tanto el contenido normativo como la génesis político-institucional de la iniciativa.
Alessi calificó el texto como “oscuro y autoritario” y apuntó de lleno contra la modificación del rol profesional que propone el articulado. Según sostuvo, el proyecto aparta al abogado de su histórica función de defensa irrestricta de los intereses de su cliente para subordinarlo a los objetivos de gestión de la judicatura.
“Le cambiaron el rol al abogado. Ya no es la defensa del cliente, sino que el código dice que el abogado debe estar comprometido con la solución del proceso y la gestión eficiente, pasándose a llamar ‘asistente legal’ para cumplir con el verso estadístico de que los procesos tienen que terminar antes”, expresó el magistrado retirado.
Asimismo, cuestionó la centralidad que se le otorga a la mediación obligatoria en conflictos donde —a su entender— no existen zonas de acuerdo posibles, y advirtió sobre una visión parcializada que responsabiliza a la litigación privada por las demoras de la justicia. Entre las limitaciones enumeradas, Alessi denunció que el proyecto elimina garantías vigentes como el derecho a recusar sin causa, incrementando las potestades de los jueces de primera instancia y recortando las herramientas de revisión.
Cuestionamientos al origen político del proyecto
En el plano institucional, Alessi disparó contra el procedimiento de gestación de la norma y deslizó la existencia de acuerdos previos entre el Poder Ejecutivo/Legislativo y la cúpula judicial.
Aseguró que el proyecto no surgió de una comisión plural que integrara a universidades, colegios de abogados y jueces de primera instancia, sino que “viene impulsado desde el poder”. En esa línea, cuestionó las atribuciones del vicegobernador en la solicitud de elaboración del texto al STJ y advirtió que el debate parlamentario corre el riesgo de convertirse en una formalidad: “Hay un bloque y un discurso preinstalado; es inaudito que el propio poder judicial se imponga a sí mismo las reglas que lo van a auditar”, sentenció.
Con la apertura de las reuniones informativas previstas para los próximos días, el debate por la modernización procesal en Chubut promete escalar la tensión entre los distintos operadores del sistema de justicia provincial.