El presidente del Concejo Deliberante de Esquel dialogó con FM Del Lago sobre la asamblea tarifaria que se realizará en la UNPSJB. Además, detalló la postura institucional ante un polémico fallo judicial contra la entidad, el pedido de informes a nivel nacional y el proyecto para adquirir tierras usurpadas en el barrio Ceferino Alto.
En diálogo con FM Del Lago, el presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, brindó detalles sobre los principales temas de la agenda legislativa y de servicios públicos de la ciudad, destacando la realización de la próxima audiencia pública de la Cooperativa 16 de Octubre en las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
Tarifas equilibradas y participación académica
Consultado sobre la modificación de los cuadros tarifarios que se debatirá en la universidad, Álvarez calificó como una “buena noticia” el esquema presentado para los servicios esenciales en un contexto macroeconómico fluctuante:
Agua, cloacas y VAD sin cambios: El presidente del cuerpo deliberativo confirmó que los servicios sanitarios y el Valor Agregado de Distribución (VAD) no sufrirán modificaciones ni aumentos.
Ajuste de el servicio de energía
Lo único que se modifica es el precio mayorista de la energía exigido por Nación, el cual la cooperativa debe trasladar a factura. Según explicó, la escala de subsidios amortigua el impacto: los usuarios con beneficios registrarán una baja del 5%, los consumos domiciliarios generales se mantendrán equilibrados y otros consumos comerciales/industriales experimentarán una suba marginal del 0,2%.
La audiencia —convocada para las 15:00 horas— contará con la participación de treinta alumnos de la carrera de economía junto a su profesor, quienes coordinan la jornada ad honorem. Para Álvarez, vincular a los estudiantes con el análisis del impacto inflacionario en los servicios públicos constituye “una apuesta al futuro”.
No obstante, el edil advirtió sobre la presión que ejercen los incrementos en otros rubros: “El gas ha tenido un aumento considerable y esta semana nos enteramos que va a haber un plus más; los vecinos necesitan rediscutir algunos conceptos, y se tendría que haber acompañado la quita de subsidios con herramientas para que el usuario pueda afrontar las facturas”.
Demanda judicial de Jorge Junyent e informe del INAES
Otro de los ejes abordados fue la situación institucional de la cooperativa tras el juicio perdido ante una demanda impulsada por el exconcejal Jorge Junyent. Álvarez señaló que, según la respuesta brindada por el área de legales de la entidad en la última audiencia, los costos del proceso deberán ser afrontados por la propia cooperativa.
En relación con la responsabilidad de haber judicializado el reclamo del vecino, el presidente del Concejo recordó su presencia en aquella asamblea: “Gerosa hace la moción y es votada casi por unanimidad de que se le hiciera juicio al vecino… eso lo paga la cooperativa, es decir, los vecinos, incluido el vecino que gana la demanda”.
Consultado sobre el informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Álvarez indicó que ya recibió un resumen y que insistirá formalmente para acceder al documento completo sobre el estado de situación de la entidad. “Ya no funciona más una institución cerrada que no le tiene que dar explicaciones al asociado; el municipio tendría que pedirlo para tener la documentación y saber qué información se desprende de allí”, remarcó.
Compra de tierras en el barrio Ceferino Alto
Finalmente, Álvarez se refirió al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Municipal para adquirir mediante compra directa cinco hectáreas correspondientes al Lote 23, ubicado en la parte alta del barrio Ceferino, donde actualmente residen unas cincuenta familias en condiciones de usurpación.
El proyecto será tratado en la sesión prevista para este viernes a las 09:00 horas. Al respecto, el edil fundamentó la iniciativa: “Entendimos que fue un proceso en el cual el privado no hizo nada para proteger esa propiedad; estas familias no tienen ningún tipo de servicios y viven de una manera casi inhumana. La única manera de que ingresen los servicios de agua y luz es que el municipio adquiera esos lotes”.
El legislador aclaró que se habilitará al Ejecutivo la compra, pero estableciendo un precio tope máximo de 10.000 dólares, evaluando alternativas futuras en caso de no prosperar bajo esos parámetros.