Las entidades empresarias de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego advierten por el efecto sobre el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las PyMEs y el desarrollo económico regional.
La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nuevemeses anuales, haciendo imposible reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias.
Las modificaciones propuestas sobre el Régimen de Zona Fría que ha obtenido media sanción en Diputados alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región.
Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas.
Las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendrá un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región.
Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo.
La Patagonia no reclama privilegios: reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país.
Las entidades firmantes consideran imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva.
Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica.