La Jueza de Faltas de Esquel, Dra. Adriana Conesa, brindó detalles sobre los recientes operativos contra la comercialización ilegal de pirotecnia y el uso indebido del agua en el contexto de emergencia hídrica. En diálogo con FM DEL LAGO, la funcionaria advirtió que las sanciones económicas podrían alcanzar cifras significativas.
Pirotecnia: Reincidencia y riesgos en domicilios
Tras los allanamientos realizados en los barrios 74 Viviendas y Ceferino, la Dra. Conesa confirmó la recepción de las actas de infracción. El caso más grave involucra a un vecino del barrio Ceferino que ya cuenta con antecedentes por la misma falta en 2021 y 2022.
“Esta persona ya tuvo decomisos tan grandes que debieron ser trasladados al polígono de Comodoro Rivadavia. Evidentemente no reflexiona sobre el peligro que representa tener pólvora almacenada en una estantería de su casa, tanto para él como para terceros”, señaló la jueza. Los infractores fueron notificados el 30 de diciembre y tienen cinco días corridos para presentar su descargo.
Respecto al monto de las multas, la magistrada explicó que la sanción dependerá de la vigencia de la nueva ordenanza:
• Con la ordenanza anterior: De 200 a 500 módulos.
• Con la nueva normativa: Podría alcanzar hasta los 800 módulos, lo que representa aproximadamente 1,5 millones de pesos.
Emergencia hídrica: Multas por derroche de agua
En el marco de la crisis hídrica que atraviesa la ciudad, Conesa recordó que la Ordenanza 283/25 duplicó los montos por uso indebido de agua de red (riego o lavado fuera de norma).
“A través de análisis técnicos realizados por el Departamento de Espacios Públicos, se constata si el agua utilizada es de red. Las multas hoy rondan los 300 módulos ($750.000 aproximadamente). Pedimos responsabilidad; hay gente que riega el jardín mientras otros no tienen agua para cocinar”, enfatizó.
Fallo a favor de la empresa NEXT
La Dra. Conesa también se refirió a la polémica por el secuestro de un vehículo de la empresa de telecomunicaciones NEXT. En este caso, la Justicia de Faltas decidió desestimar las actas de infracción y restituir el móvil a sus propietarios.
La decisión se basó en un error procedimental: “Las inspecciones fueron realizadas por personal de Bromatología, cuando la Ordenanza 216/22 especifica que deben ser hechas por personal técnico calificado, como ingenieros especializados en fibra óptica. Al no cumplirse los términos de la norma, la actuación fue desestimada”, aclaró.
Sin descanso en el Tribunal de Faltas
Finalmente, la jueza confirmó que el organismo no entrará en receso: “No tenemos feria judicial; seguimos trabajando porque hay mucho por resolver”, concluyó.