En las últimas horas la fiscal jefe de Rawson Dra. Florencia Gómez apelará la probation que otorgó la jueza María Laura Martini a los cuatro imputados por quemar y destrozar la Casa de Gobierno ocurrida en el marco de una protesta social en diciembre del 2021, la fiscal Gómez solicitó esta mañana que sean sometidos a juicio oral y público. Hay mucho malestar por la resolución de la jueza María Laura Martini con los anti mineros que ofrecieron pagar unos kilos de fideos y horas comunitarias, en comunicación con FM DEL LAGO, la fiscal Florencia Gómez hablo de esta resolución de la jueza y expreso que presento el escrito de apelación de la medida, “ya presente el escrito al superior tribunal para rever la decisión, son daños agravados muchos de ellos concursados, es decir que no es un solo daño, sino varios daños, lo que solicite fue que se tuviesen en cuenta las circunstancias de estos daños que no eran hechos aislados, fue una notoria destrucción de estos edificios sumado a una situación de inseguridad social, y plantee en el escrito y en la audiencia de que la merituacion de las circunstancias que rodean un caso de llevar determinados casos a juicio está en cabeza de los fiscales, somos quienes representamos a la sociedad, sabemos cuáles son los casos sensibles que la sociedad quiere que llevemos a un juicio oral y público, es lo que plantee, el interés publico prevalente para que estos casos se escuchen, se vea la prueba que aporta la fiscalía para atribuirle los hechos”, indico.
“la suspensión de juicio a prueba es que se suspende el proceso a prueba de una persona imputada por un hecho delictual durante uno, dos o tres años, depende la cantidad de tiempo que se le otorga y durante ese tiempo tiene que cumplir determinadas pautas de conductas, como no cometer nuevos delitos”, expresó la fiscal muy molesta por la resolución de la jueza Martini.
“algunas personas habían ofrecido tareas comunitarias, un pago de 240 mil pesos, entrega de fideos o artículos, otros solicitan transitar la suspensión del juicio a prueba que es un derecho del imputado pero hay que tener en cuenta que el artículo 76 del CP te habilita el juicio a prueba y en el artículo 4to habilita a los fiscales oponerse, el argumento es el interés público prevalente porque los fiscales representamos a la sociedad, habiendo plasmado en audiencia la existencia del interés público prevalente y la necesidad de llevar a juicio, es que apelamos la medida”, sostuvo la funcionaria judicial de Rawson que aguarda una revisión de la polémica decisión contra los acusados e imputados por graves daños a edificios públicos.
Al ser consultada sobre las penas que se aplican en casos como este, la fiscal expresó, “para estos delitos el máximo son seis años de pena y el mínimo es de un año y ocho meses, la mayoría tienen de tres años para arriba, se realiza una audiencia y todavía no se resuelve”.
Respecto a los acusados, la fiscal sostuvo “utilizan el mismo argumento que utilizan en el caso Goodman, Charlotte, Manfi que acabo de impugnar, la fiscalía jamás cuestiona el derecho a que una persona proteste, ni que manifieste su disconformidad con algo, pero lo que no se puede permitir jamás es que bajo una protesta se destruyan edificios públicos, no solo bienes del estado, sino que se generé una sensación de inseguridad de la población, no solo se destruyen edificios públicos, sino que automóviles”, indicó la funcionaria según las pruebas colectadas en la investigación que llevaron a estas personas a ser imputadas por estos delitos-.
“yo perdí la fiscalía entera, yo en un video vi cómo se llevaban mi computadora y mi CPU, después quemaron todo, perdí todo y no pude recuperar nada, detrás de cada legajo hay víctimas, tuvimos que reconstruir legajo por legajo de investigaciones de violencia de género y violencia sexual, el daño fue mucho más allá de lo que se está imputando, lo que pude probar en juicio fue lo que se les imputo en el juicio, pedí que la jueza escuche mis planteos porque hay un interés publico prevalente por las circunstancias en las que se generaron estos daños, no se puede medir con la misma vara a una persona que agarra una piedra y rompe un vidrio, que un grupo de personas que dañan y estaban organizados, generan inseguridad”, indico al concluir su relato la fiscal del caso.