El diputado del PJ-FpV, Blas Meza Evans señaló que junto a Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla quienes participan en ese proceso como querellantes y como integrantes del Bloque del Frente para la Victoria, tuvieron que evaluar y sopesar una cantidad de cuestiones.
“El diputado Conde habla de la corrupción política y que van a ser probablemente condenados una cantidad equis de funcionarios. No dice que es la corrupción político-empresarial, ya en el juicio que realiza siente que la corrupción es la corrupción de la política. Los empresarios -que no son precisamente unos nenes de pecho- están planteando que en esta provincia en los dos años y medio que han transcurrido, tenían que pagar para poder cobrar los certificados”, expuso el diputado valletano.
“Esta hipótesis defensista de los empresarios, probablemente nos lleve a que al finalizar el juicio, los mismos sean sobreseídos porque en el estado de necesidad si no ponían las coimas no cobraban los certificados y, posiblemente la mayoría o todos ellos van a pasar a revistar en la categoría de víctimas y no van a poner un solo peso para reparar el daño que realmente nosotros creemos que es irreparable”, afirmó Meza Evans.
“Pagaban para cobrar”
Expresó que “la postura de aceptar la finalización del conflicto con prácticamente una confesión de los empresarios que han acreditado y aceptado que pagaban para poder cobrar los certificados de obra, es una solución del conflicto que está prevista dentro del marco del derecho. A futuro, lógicamente, no tenemos la bola de cristal, probablemente la decepción de la comunidad en el caso de que todos los empresarios salgan absueltos de este proceso, va a ser mucho mayor que la que se está planteando en este momento”.
“El mecanismo de la suspensión del juicio a prueba, que es el derecho que tienen los que están imputados en un determinado delito, en este caso específico cumplen todos los requisitos, exigen una reparación. Nosotros no hemos coincidido en el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba porque entendimos que las reparaciones ofrecidas por los empresarios -por estos cuatro y probablemente por varios más porque están casi todos los empresarios de la construcción imputados en la causa-, nos resultaba insuficiente, irrazonable, que no se correspondía con la capacidad patrimonial de las empresas que estos empresarios integran”, manifestó Meza Evans.