En una jornada de alta intensidad legislativa y judicial, la diputada provincial Andrea Aguilera dialogó con FM DEL LAGO para analizar los tres temas centrales que marcan la agenda política de la provincia: la regulación de los dispositivos móviles en las aulas, la transformación histórica del Código Procesal No Penal y la polémica restitución de la jueza Mariel Suárez.
Celulares en las escuelas: de la “prohibición” a la “restricción” consensuada
Tras la última sesión de la Legislatura provincial, se aprobó el proyecto que regula el uso de teléfonos móviles en los establecimientos educativos de Chubut. Aguilera aclaró que, si bien la propuesta original del diputado Pais hablaba estrictamente de prohibir, el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y las escuelas permitió modificar el enfoque hacia una restricción adaptada.
“Creíamos que el camino era lograr el acuerdo para no utilizar teléfonos celulares en la escuela. Los chicos necesitan recuperar espacios de diálogo, de discusión, y el teléfono no se los está permitiendo”, señaló la legisladora.
La diputada destacó que en la base de la discusión hay un consenso total: el celular aísla al estudiante y dificulta la atención y la conexión con docentes y compañeros. Con la nueva norma, el Ministerio de Educación tendrá la libertad de elegir el método de implementación más adecuado, preservando siempre a aquellos estudiantes que requieran dispositivos por razones de salud o asistencia pedagógica/parental.
Reforma judicial: el fin del proceso escrito y “vetusto”
Otro de los grandes temas en el Parlamento es el proyecto de reforma de la justicia no penal (Civil y Comercial) enviado por el Superior Tribunal de Justicia. Aguilera fue tajante al diferenciar esta iniciativa de otras modificaciones menores: “No es una simple actualización de plazos; lo que se hace es cambiar el modelo”.
La legisladora explicó que se busca sepultar un código “vetusto”, caracterizado por un proceso escrito, fragmentado y con una alta carga ritual, para dar paso a un sistema oral y público basado en audiencias, con un lenguaje claro y una gestión activa por parte de los jueces.
Habló de los beneficios y pasos a seguir de la reforma como mayor celeridad y economía, la presencia directa del juez en las audiencias permitirá resolver conflictos con mejor información y flexibilidad de formas.
Sin costos adicionales: La diputada aseguró que la implementación de la oralidad no debería requerir mayor presupuesto, sino una reorganización del personal, lo que aliviará el sistema y le dará dinamismo.
Al ser un código extremadamente extenso, Aguilera adelantó que se abrirá una etapa de debate participativo con colegios profesionales, la magistratura y la ciudadanía para legitimar la reforma.
Polémica por la vuelta de Mariel Suárez: “Hubo un vicio procesal”
La diputada también se refirió a la sorpresiva resolución del Superior Tribunal de Justicia (conformado por jueces de refuerzo ante recusaciones) que anuló el proceso disciplinario contra la Dra. Mariel Suárez, permitiéndole restituirse de inmediato en su cargo en Comodoro Rivadavia, tras haber sido desplazada por besar a un preso.
Aunque Aguilera aclaró que aún no había leído el fallo completo por encontrarse en plena sesión cuando se notificó, arriesgó una lectura técnica sobre el motivo de la nulidad:
“Creo que quizás el Dr. Báez fue instructor en el Consejo de la Magistratura y luego fue juez; lo correcto hubiese sido que se excusara para evitar una nulidad de este tipo, porque ya había emitido opinión”.
Para la legisladora (quien forma parte del Tribunal de Enjuiciamiento, aunque no en este caso particular), este “vicio procesal” provocó que “un hecho probado, que no se corresponde con la conducta de un juez, quede sin ser sancionado por cuestiones meramente técnicas”.
Renta Hídrica y la tensión con Trevelin
Finalmente, Aguilera minimizó los reclamos y la presión ejercida desde la cordillera, puntualmente por el municipio de Trevelin, en el marco del proceso licitatorio de la Hidroeléctrica Futaleufú.
La diputada respaldó con firmeza la postura del Ejecutivo chubutense al afirmar que “el Estado provincial no va a permitir ser avasallado por nadie” y concluyó que los cruces históricos en torno a la renta hídrica responden en este momento “más a diferencias políticas que de gestión”.