La Ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi Saavedra, detalló los alcances de la Ley 27.801. La normativa modifica sustancialmente el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley, incorporando a los menores de 14 y 15 años, ampliando el catálogo de delitos y fijando un tope máximo de 15 años de prisión.
Desde el pasado fin de semana comenzó a regir en todo el país la Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil, un cambio normativo de profundo impacto que modifica la forma en que el Estado interviene frente a delitos cometidos por adolescentes. En diálogo con FM DEL LAGO, la Ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, Camila Banfi Saavedra, analizó los ejes centrales de la legislación y cómo operará en el ámbito provincial bajo el sistema acusatorio.
Los dos cambios sustanciales: edad y catálogo penal
La magistrada remarcó que la norma introduce dos modificaciones estructurales de gran peso para la justicia penal como la Baja de la edad de imputabilidad: El sistema penal pasa a alcanzar a los adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18, franja que anteriormente no atravesaba audiencias de control de detención ante jueces penales, sino que derivaba en intervenciones del fuero de Familia.
Ampliación del catálogo de delitos: Mientras que el régimen previo limitaba la punibilidad de los menores de 16 y 17 años a los delitos más graves, la nueva legislación abarca prácticamente a todo el Código Penal.
“Hoy los chicos van a ser alcanzados incluso por los hurtos en supermercados, delitos contra la propiedad, riñas callejeras, la portación o tenencia de armas”, ejemplificó Banfi Saavedra. Esto significa que hechos cotidianos o conflictos juveniles —como una pelea en un boliche o la sustracción de menor cuantía— obligarán a la realización de una audiencia formal con presencia de defensa, asesoría de menores y fiscalía especializada.
Garantías, penas y el tope de los 15 años
Frente a la incorporación de la franja de 14 y 15 años, la ministra enfatizó que los jóvenes continúan amparados por un riguroso bloque constitucional, convencional e internacional de protección de menores.
En materia punitiva, la ley establece parámetros específicos acordes a la edad y a la gravedad del daño causado, la prisión perpetua quedó descartada y los adolescentes alcanzados por el régimen no podrán recibir condenas de prisión perpetua y se fijó un límite de 15 años de prisión para las penas privativas de la libertad, aun en los casos de máxima gravedad.
Escala de delitos y ex carcelaciones: Se mantiene la distinción según las escalas penales; los delitos con expectativas de pena menores a tres años (como un hurto simple) siguen siendo excarcelables, diferenciándose de los robos agravados o delitos gravísimos que ameritan medidas de coerción efectiva.
Asimismo, la magistrada fue tajante respecto a las condiciones de alojamiento: bajo ninguna circunstancia los menores pueden estar mezclados con adultos, debiendo utilizarse los centros de detención especializados como el COSE en Comodoro Rivadavia y Esquel.
Coordinación interinstitucional y el escenario en Chubut
En el plano operativo provincial, Chubut cuenta con la ventaja de poseer un Código Procesal Penal con un capítulo específico para menores (Ley XV N° 9), lo que permite articular las audiencias de manera inmediata. Sin embargo, el desafío logístico y preventivo es mayúsculo.
De acuerdo con un relevamiento previo realizado junto al Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública —aprovechando el plazo de 180 días que otorgó la ley para evaluar el impacto—, los registros de ingresos de jóvenes de 14 y 15 años a comisarías en la provincia se han mantenido en niveles bajos.
Para ultimar detalles de la puesta en marcha, la ministra adelantó que se mantendrán reuniones de trabajo entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Justicia para delimitar las incumbencias de cada organismo. “Esto va a requerir una prevención general; saber que esto está en marcha hace que riñas o peleas que antes quedaban en la órbita de contravenciones escolares, hoy pasen a ser delitos”, concluyó.