La justicia local formalizó la investigación contra la funcionaria municipal Elisabeth Sánchez y al ingeniero Filipini por la firma de certificados que daban cuenta de obras de agua potable inexistentes. La causa busca esclarecer un perjuicio directo a vecinos que necesitaban los documentos para escriturar sus lotes.
La fiscal jefe del Ministerio Público Fiscal de Esquel, Dra. María Bottini, brindó detalles en diálogo con FM DEL LAGO sobre la reciente audiencia de apertura de investigación que involucra a la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Trevelin, la MMO Elisabeth Sánchez.
La denuncia y el origen del conflicto
Según explicó la Dra. Bottini, el caso surgió a partir de la denuncia de dos vecinos que se vieron imposibilitados de concretar la escrituración de sus terrenos debido a la falta de servicios básicos. Para avanzar en el trámite, los compradores necesitaban certificar la existencia de las obras de agua potable.
La investigación determinó que, a pesar de las advertencias previas realizadas por los vecinos sobre la ausencia de dichos trabajos en el predio, la funcionaria firmó un certificado que avalaba la finalización de las obras. “Posteriormente, desde el municipio realizaron una constatación, advirtieron que los trabajos no estaban ejecutados y dejaron sin efecto el certificado otorgado meses atrás”, detalló la fiscal.
Los imputados y la línea de investigación
La causa involucra a dos personas: la funcionaria pública Elisabeth Sánchez y un ingeniero de apellido Filipini, quien presentó la documentación técnica afirmando falsamente que las obras estaban concluidas.
Durante la audiencia, Sánchez argumentó haber actuado de buena fe basándose en la información técnica presentada por el profesional. Sin embargo, la fiscalía sostiene que la funcionaria conocía la situación real del terreno. “Tenemos acreditado que no es así como ella menciona. El ingeniero no prestó declaración, pero ya hemos constatado que las obras no están hechas”, puntualizó Bottini.
El perjuicio a los vecinos
La fiscal aclaró que el conflicto tiene múltiples aristas. Si bien el trasfondo apunta a la familia Massardi —quienes vendieron los lotes y serían los principales beneficiados por la irregularidad—, la justicia penal se enfoca en la falsificación de instrumentos públicos.
“Si falsificas un documento, causas un perjuicio directo a un vecino. Los compradores reclamaban la escrituración y, mediante este certificado falso, se intentó habilitar un proceso administrativo cuando las obras, por contrato, no estaban terminadas”, explicó.
Tras la audiencia realizada esta semana, el juez formalizó la apertura de la investigación, la cual cuenta con un plazo de seis meses para que la fiscalía termine de reunir las pruebas y determinar las responsabilidades penales definitivas.