El conflicto en torno al Frigorífico DICASUR, que mantiene a más de 60 empleados a la espera del pago de sueldos e indemnizaciones, sumó un nuevo y escandaloso capítulo. La empresa Exportadora LBSA, representada por Hernán Dadá, quien intentó reactivar la planta tras la quiebra anunciada por Nataine, denunció haber sido víctima de un “engaño” e iniciará acciones legales penales y civiles contra los ex responsables de la firma.
La abogada del empresario Dadá, Dra. Roxana Matarolo, dialogó con FM DEL LAGO y expuso las irregularidades que encontraron en la planta, que impidieron su puesta en marcha.
Inversión millonaria en un “Galpón” maquillado
Matarolo explicó que Dadá, a través de la Exportadora LBSA, se mostró entusiasmado al principio y realizó importantes desembolsos antes incluso de firmar el contrato.
“La primera vez viajamos a Trevelin con entusiasmo para ver lo que se le estaba ofreciendo, que era una planta para faenar, un lugar que estaba funcionando,” recordó la abogada. “Antes de firmar cualquier papel, Dadá pagó sueldos atrasados, porque lo más importante era satisfacer la situación de los empleados.”
Sin embargo, tras firmar un contrato de locación para faena, el escenario cambió drásticamente. A medida que avanzaba la gestión, Dadá se vio obligado a invertir cada vez más dinero en lo que, según la letrada, era un lugar “maquillado” que nunca funcionó como planta de faena.
“Se requería de planos que no existían para volver a poner la luz, había conexiones clandestinas,” detalló Matarolo.
Problemas estructurales y riesgo ambiental
La abogada sostuvo que el intento de reactivación se vio frustrado por problemas críticos de infraestructura que no se informaron inicialmente: en cuanto a las Habilitaciones expreso “ Se invirtió muchísimo dinero en electricistas y gasistas matriculados” para lograr la aprobación del plano de luz y gas.
Además dijo que la Caldera está Inservible: El factor que “rebalsó el vaso” fue la caldera. SENASA exige agua caliente para la faena, pero ningún gasista matriculado quiso firmar por el estado de la caldera, cuya reposición tenía un costo de 60 mil dólares.
Otra cuestión a tener en cuenta es la Contaminación: Comenzaron a aparecer pérdidas de amoníaco en los motores, un riesgo que “podría dar lugar a una denuncia federal por contaminación ambiental.”
Ante la imposibilidad de cumplir el objetivo y con el riesgo de seguir invirtiendo en “algo que ya no servía” (pues la gente se encontraba “cortando el pasto” sin faenar), LBSA rescindió el contrato sin que la planta llegara a operar.
Demanda penal por engaño y sustracción de bienes
La Dra. Matarolo confirmó que iniciarán acciones civiles y penales contra Nataine y Serra alegando que engañaron a su representado.
“Él fue e hizo la inversión pensando que levantaba una palanca y estaba todo funcionando y no fue así,” aseveró. La demanda buscará la devolución de la inversión realizada y el pago por los daños y perjuicios sufridos.
Además, denunciaron un ingreso irregular a la planta: “Las llaves siempre estuvieron en poder de la portería de DICASUR. De hecho, ingresaron a llevarse cosas gente de Nataine y Serra. Ingresaron clandestinamente con camionetas y camiones, tenemos cámaras y hay filmaciones.”
Respecto a la deuda con los empleados, Matarolo aclaró que, si bien LBSA simpatiza con su situación, la empresa de Dadá se encuentra “en la cola” de los acreedores: “Hay créditos privilegiados [como los laborales] y son los primeros que van a cobrar.” El abogado concluyó que la situación es “muy compleja” debido a la cantidad de personas perjudicadas por la antigua administración.