La asesora legal de la Municipalidad, Dra. Nidia Leiva, confirmó la presentación ante el Ministerio Público Fiscal. Un grupo de personas impide la salida de camiones recolectores y maquinaria de servicios públicos mediante fogatas en los accesos de la calle Chacabuco.
En las primeras horas de este lunes 23 de febrero, la Municipalidad de Esquel radicó una denuncia penal contra un grupo de personas que mantienen bloqueados los ingresos y egresos de la Planta Operativa Municipal, ubicada en Chacabuco n° 55. La medida de fuerza, que incluye la quema de elementos para generar fogatas en los portones, ha paralizado servicios esenciales como la recolección de residuos y tareas de obras públicas.
Identificación y encuadre legal
Según consta en la denuncia, entre los señalados se encuentran los ciudadanos Roberto Claudio Bejar, Carlos Bejar, Matías Cárcamo y Nenei López, entre otros. El Ejecutivo municipal solicita que se investigue la presunta comisión del delito previsto en el Artículo 241, inciso 2, del Código Penal, el cual reprime con prisión de quince días a seis meses a quien “impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones”.
En diálogo con FM DEL LAGO, la Dra. Nidia Leiva, asesora legal del municipio, explicó que la presentación se realizó junto al Dr. Yampa por instrucción directa del Intendente.
“El pedido principal es que liberen el acceso. Independientemente de cuál sea el motivo del reclamo, nuestra denuncia es por la obstrucción de los vehículos municipales que deben prestar servicios fundamentales”, afirmó Leiva.
Si bien la asesora legal aclaró que el conflicto de fondo debe resolverse por la vía administrativa, trascendió que los manifestantes —quienes integrarían una cooperativa de trabajo— aducen problemas en la facturación que les impiden percibir sus pagos.
Al respecto, la funcionaria fue tajante: “Los reclamos por pagos o facturación tienen sus canales correspondientes. La permanencia del bloqueo afecta directamente a toda la comunidad de Esquel al impedir la salida de la flota pesada y los recolectores”.
Estado actual del conflicto
Hasta el momento de la presentación ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), el grupo de aproximadamente cinco personas mantenía su postura de no liberar los portones hasta que sus pretensiones sean satisfechas. La justicia deberá ahora determinar las medidas a seguir para garantizar la reanudación de los servicios públicos en la ciudad.