El Gobierno del Chubut y el Ministerio Público Fiscal de la provincia firmaron un convenio marco de colaboración destinado a fortalecer la articulación institucional en materia de convivencia escolar, prevención del delito, protección de derechos niños y adolescentes y acceso a la justicia.
El acuerdo fue suscripto por el ministro de Educación, José Luis Punta; y los procuradores generales adjuntos, Matías Carlos Froment y Marcos Germán Fink, estableciendo un marco general de cooperación entre ambos organismos.
Prevención y protección
El acuerdo tiene como objetivo promover y desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a fortalecer las comunidades educativas y la protección integral de derechos, a partir de una articulación permanente entre el sistema educativo y el sistema de justicia.
En este marco, ambas instituciones podrán impulsar programas y propuestas vinculadas con la convivencia escolar, la prevención de la violencia y del delito, la educación en valores democráticos, el acceso a la justicia, la mediación y la resolución alternativa de conflictos.
También se contempla el desarrollo de capacitaciones para docentes, equipos directivos y operadores educativos, junto con charlas y jornadas destinadas a estudiantes sobre derechos, garantías, prevención del delito y acceso a la justicia.
Cooperación y acciones específicas
Uno de los aspectos centrales del convenio es la posibilidad de fortalecer los mecanismos de articulación ante situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes detectadas en el ámbito escolar, promoviendo herramientas y protocolos de actuación conjunta.
Asimismo, se prevé la generación de acciones específicas vinculadas con el régimen penal juvenil, con especial atención a la continuidad educativa y a los procesos de reinserción escolar y social de adolescentes que se encuentren atravesando medidas socioeducativas o procesos penales.
Para concretar estas iniciativas, las acciones específicas serán definidas mediante actas complementarias o convenios particulares, en los que se establecerán objetivos, actividades, responsables y cronogramas de trabajo.
El convenio tendrá una vigencia de dos años y cada institución aportará, de acuerdo con sus posibilidades, los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para llevar adelante las iniciativas acordadas.
De este modo, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal consolidan una herramienta de cooperación interinstitucional orientada a prevenir situaciones de vulneración de derechos, fortalecer la convivencia y generar mayores herramientas de acompañamiento para las comunidades educativas y para niños y adolescentes de la provincia.
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