La concejal del bloque Unión por la Patria (UxP), Silvana Sánchez Albornoz, dialogó con FM DEL LAGO sobre el proyecto de ordenanza que envió el intendente Matías Taccetta al Concejo Deliberante para regular el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales, en medio del conflicto generado por la llegada de Uber a Esquel y el reclamo de taxistas y remiseros.
La edil confirmó que el proyecto ingresó al cuerpo legislativo y que tomará estado parlamentario en la próxima sesión, para luego ser derivado a la Comisión de Transporte, donde comenzará su análisis.
Al referirse a la iniciativa del Ejecutivo municipal, Sánchez Albornoz sostuvo que, en definitiva, se trata de autorizar el funcionamiento de Uber en Esquel y advirtió que no debe interpretarse únicamente como una actualización tecnológica.
“Esto no es solo una actualización de tecnología, sino que hay cambios para pasajeros individuales. La llegada de Uber es un síntoma, porque no es una actualización tecnológica, sino una precarización laboral”, manifestó.
En ese sentido, señaló que el crecimiento del desempleo lleva a muchas personas a buscar alternativas de ingresos en estas plataformas, aunque advirtió que se trata de una modalidad de trabajo que no garantiza derechos laborales ni aportes.
También reconoció que existe una parte de la comunidad que recibe favorablemente la llegada de Uber, principalmente usuarios que necesitan trasladarse por motivos laborales o de salud y que no cuentan con recursos suficientes para afrontar las tarifas de taxis y remises.
“Tenemos usuarios contentos con la llegada de Uber porque es gente que tiene que ir a trabajar o al médico y no le alcanza para pagar un taxi o un remis, y Uber les ofrece precios bajos”, explicó.
ADVIERTE SOBRE INSEGURIDAD JURÍDICA EN EL PROYECTO
Sánchez Albornoz indicó que analizará detenidamente la propuesta, teniendo en cuenta que integra la Comisión de Transporte y que ya venía manteniendo conversaciones con trabajadores del volante.
Entre los aspectos que considera necesario revisar, mencionó algunos artículos que, a su entender, podrían generar inseguridad jurídica, especialmente aquellos vinculados con la liberación de las tarifas de taxis y remises y la modalidad de cobro para quienes también trabajen mediante plataformas digitales.
“En algunos de sus artículos va a tener inseguridad jurídica porque libera las tarifas de taxis y remises, y establece que cuando un taxista trabaje con la plataforma no va a poder cobrar con el taxímetro”, advirtió.
Además, planteó la posibilidad de establecer límites a la cantidad de viajes o a las habilitaciones que se otorguen para operar mediante estas aplicaciones.
“Tenemos que ver cuál va a ser el mejor sistema. Quizás sea bueno poner topes de viajes o en las habilitaciones que se den. De acuerdo con este proyecto debe haber un registro y deben inscribirse y habilitarse, pero esta aplicación es muy difícil de controlar”, señaló.
La concejal consideró que el debate debe permitir alcanzar una ordenanza equilibrada, que contemple la realidad económica y las necesidades de todos los sectores involucrados.
PIDE MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA TAXISTAS Y REMISEROS
Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la situación económica que atraviesan los trabajadores del transporte tradicional. Sánchez Albornoz reclamó que la futura ordenanza contemple herramientas de acompañamiento para taxistas y remiseros, especialmente durante el período inicial de implementación de las plataformas.
“Yo creo que este proyecto tiene que contemplar algún tipo de contención para taxistas y remiseros, sobre todo para ese primer tiempo donde esa oferta de Uber se va a ir regulando”, expresó.
En esa línea, cuestionó los valores promocionales que actualmente ofrecen las aplicaciones y sostuvo que resultan difíciles de sostener frente a los costos del combustible.
“Hoy los precios de lanzamiento son irrisorios porque no alcanzan ni para un litro de nafta. Pido un alivio para taxistas y remiseros”, remarcó.
La edil recordó que hace dos años viene observando una caída en la actividad de taxis y remises y que, incluso antes de la llegada de Uber, había planteado la necesidad de declarar la emergencia del sector en el Concejo Deliberante.
Como alternativa para acompañar a los trabajadores, propuso analizar medidas impositivas y cuestionó que el proyecto del Ejecutivo no detalle con suficiente claridad qué tributos deberán pagar quienes presten servicios mediante las plataformas ni cómo se instrumentarán los controles sobre los vehículos habilitados.
“Una forma de acompañar un proyecto de ordenanza es hacerlo desde lo impositivo. El proyecto, para quienes vayan a trabajar en esta plataforma, no es muy claro en cuanto a qué impuestos van a pagar, si va a haber una política de control de estos vehículos. No se sabe qué impuestos van a pagar. El proyecto hay que tratarlo y modificarlo”, sostuvo.
“ESQUEL TIENE QUE TENER LA MEJOR ORDENANZA POSIBLE”
Finalmente, Sánchez Albornoz pidió responsabilidad y seriedad a todos los concejales al momento de debatir la regulación de las aplicaciones de transporte, reconociendo que se trata de una problemática compleja y que difícilmente pueda dejar conformes a todos los sectores.
“Pido que trabajemos con seriedad y responsabilidad. No es un tema fácil de resolver y dejar contentos a todos los actores”, afirmó.
Por último, consideró que el problema de fondo no debe limitarse a la aparición de Uber, sino que también debe analizarse el contexto económico y la responsabilidad del Estado en la generación de empleo y el sostenimiento de las políticas de asistencia.
“El problema no sería con Uber, sino con un Estado que genere trabajo, que no quite los subsidios. Estamos en un momento muy difícil y esas variables tenemos que tenerlas en cuenta. Que Esquel tenga la mejor ordenanza posible”, concluyó.
De esta manera, el debate por la regulación de Uber y otras plataformas digitales comenzará formalmente en el Concejo Deliberante, donde se pondrán en discusión no solamente las condiciones para su funcionamiento, sino también el futuro de taxis y remises y las herramientas que el municipio deberá implementar para garantizar una competencia regulada.