El sueño de muchos vecinos se ha convertido en una pesadilla judicial para los compradores del Loteo “Los Ciervos 3”, en Trevelin. Tras años de reclamos ignorados, la justicia ha formalizado una investigación contra una funcionaria de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos municipal y un ingeniero, acusados de falsificar documentos públicos para habilitar un loteo carente de servicios básicos.
“Compramos hace seis años y seguimos esperando”
Juan Pablo Acoroni, uno de los vecinos damnificados, relató en diálogo con FM DEL LAGO la angustiante situación que atraviesan los compradores. Según Acoroni, la promesa de venta de los desarrolladores, la familia Massardi, establecía que los servicios estarían disponibles a los dos años de la firma del boleto. Sin embargo, tras seis años de espera, el panorama es desolador.
“Compramos con la promesa de que íbamos a tener los servicios en la puerta del lote, y acá seguimos esperando. Se ve que, una vez más, la intendencia deja de lado muchas cosas y no actúa como corresponde; algunos hacen lo que quieren, presentan o no papeles, y van estirando la cosa”, denunció Acoroni, apuntando a una presunta falta de control y connivencia por parte del Ejecutivo local.
Un certificado “trucho” y la desidia estatal
La investigación de la Fiscalía detalla que, en agosto de 2025, la funcionaria imputada certificó oficialmente que el loteo contaba con red eléctrica y agua potable sin haber realizado la constatación presencial exigida por las normas.
Para Acoroni, esta maniobra es el corolario de una gestión que le dio la espalda a los vecinos: “La municipalidad debería estar al tanto de lo que hay. Con este certificado trucho de obra es preocupante, no tenemos un respaldo del municipio para el futuro”.
El vecino destacó la inacción ante hechos evidentes: “Hay visados que no se corresponden, planos que no chequearon. El loteo está prácticamente al frente del municipio; no era tanto pedir que vayan a sacar una foto. La gente de Obras Públicas sabía, el intendente sabía”.
Un proyecto comercial paralizado
El impacto de esta irregularidad no es solo habitacional, sino también económico. Acoroni, radicado en la zona desde hace diez años, lamentó ver sus proyectos personales estancados: “Por esa gente, mi proyecto comercial está parado, no puedo arrancar. Puedo querer vender un lote y el municipio no te dice ni constata nada”.
Respecto a la calidad de las obras que se intentan ejecutar, el vecino fue contundente: “Van a los ponchazos, hacen un pozo y se van, y los vecinos nos tenemos que hacer cargo de esa red. No sabemos ni qué han puesto”.
La vía judicial como última esperanza
Tras años de intentar obtener respuestas por la vía administrativa sin éxito, los damnificados celebran el avance de la justicia. La fiscal María Bottini y el funcionario Julián Forti lideran el proceso por presunta falsedad ideológica de documento público contra la funcionaria y falsedad documental contra el ingeniero responsable.
“Hay vecinos que han presentado denuncias particulares, otros que ya le han ganado la instancia judicial a Massardi. Por eso la fiscal se involucró y esperamos que esto llegue a buen puerto”, concluyó Acoroni, quien confía en que este proceso legal finalmente ponga fin a las irregularidades que han frenado el desarrollo de decenas de familias en Trevelin.