La resolución de la justicia norteamericana que ordenó el embargo del 51% del paquete accionario de YPF, empresa estatal donde Chubut posee una participación, encendió las alarmas en la provincia. La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero (PRO), en diálogo con FM DEL LAGO, confirmó que el gobierno provincial, encabezado por Ignacio Torres, realizará una presentación legal en Nueva York para defender el 8.6% de las acciones de YPF que le corresponden a Chubut, argumentando que la provincia no es deudora ni fue demandada en el litigio.
Romero fue enfática al recordar el contexto de la estatización de YPF en 2012: “El bloque de diputados que votó en contra de la estatización fue el bloque del PRO. Los diputados que representaban a Chubut votaron a favor y acompañaron la reestatización de YPF y ninguno hizo el seguimiento de la mala praxis que ha generado un juicio multimillonario”. La legisladora subrayó que la defensa actual del estado nacional “no viene teniendo buenos resultados” en el caso, que podría derivar en una transferencia de acciones.
La estrategia legal de Chubut: blindar su patrimonio
El punto central de la defensa chubutense radica en la interpretación del fallo de la jueza Preska, que ordena la transferencia del 51% del paquete accionario de YPF, señalándolo como propiedad del Estado Nacional. “Ahí es donde la provincia del Chubut decide presentarse en Nueva York para decirle a Preska que el 51% de la empresa no es del estado nacional, sino que hay un 25% que se distribuye entre las provincias productoras de petróleo. De ese 25%, el 8.6% le corresponde a Chubut y es lo que tenemos que defender”, explicó Romero.
La diputada insistió en que las acciones de la provincia no pueden ser utilizadas como garantía para una deuda que no le pertenece. “Acá venimos a decir es que hay acciones que son de la provincia del Chubut y Chubut no es deudora y nunca fue demandada, no pueden tocar estas acciones de Chubut”, recalcó, añadiendo que también le plantearán a la Corte de Chubut que dichas acciones “no pueden ser garantía”.
Romero justificó la intervención provincial en este momento, señalando que “hasta ahora era el estado nacional el que defendía un crédito. Se están metiendo con un patrimonio que es de los chubutenses y avasalla la propiedad de la provincia del Chubut”. Además, la legisladora cuestionó la “escasa defensa de quienes representaban a la provincia” en su momento, comparando la participación de Chubut (8.6%) con la de Neuquén (40%) y Mendoza (20%) en el paquete accionario. “No puede ser que Mendoza tenga el 20% y nosotros el 8%, nos paramos para que en 20 años nadie diga que esta gente entregó YPF”, enfatizó.
La instrumentación de esta acción legal estará a cargo de la Fiscalía de Estado provincial. Si bien Romero no precisó el costo que demandará esta presentación, dejó en claro que es una inversión necesaria: “no lo podemos regalar, no solo es un gesto político, yo como chubutense no quiero que las acciones de Chubut pasen a este embargo”.
Desafíos en la cuenca convencional y proyecciones políticas
Más allá del litigio judicial, la diputada se refirió a la actualidad de la cuenca hidrocarburífera de Chubut. Confirmó una “decisión del gobierno nacional de abandonar las cuencas convencionales y concentrarse en las cuencas no convencionales”, con un enfoque en Vaca Muerta. “YPF no ha tenido miramientos, era una operadora que daba cierta robustez a la cuenca y hoy está dejando sus áreas y se transfiere en función del interés”, lamentó.
En este contexto, Romero destacó el esfuerzo provincial para atraer inversiones. “Se ha logrado que PECOM desembarque en Chubut”, afirmó, señalando que desde la provincia “se han generado políticas para la baja de regalía buscando estimular la inversión de esta compañía y de todas las que quieran venir”. Además, mencionó gestiones ante el gobierno nacional para “la baja de 4 puntos de las retenciones del convencional”.
Finalmente, consultada sobre las definiciones de candidaturas a la diputación nacional para octubre, Romero anticipó que “el jueves 17 el gobernador va a dar a conocer los nombres de los candidatos a diputados nacionales”. Esta fecha coincide con el plazo interno del frente para la presentación de listas, cumpliendo con los requerimientos necesarios.